La Ley 39/2006  de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, llamada “Ley de Dependencia” empieza a dar los primeros síntomas de su poca viabilidad económica. Dicha norma nació en un momento de bonanza económica y tiene por objetivo la atención mediante prestaciones económicas y servicios de las personas que requieren de un tercero para realizar actividades de la vida diaria (vestirse, comer, hacerse la higiene…). Socialmente se quería hacer emerger una actividad relegada a la solidaridad familiar y en muchos casos invisible: el reconocimiento a todas esas personas que atendían a sus seres queridos en situaciones duras y diarias. También se quería relanzar el sector de servicios residenciales y a la tercera edad.

En resumen la Ley de Dependencia se clasificaba en diferentes grados:

a) Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
b) Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
c) Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo
de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

La expansión económica en la que se vivía permitía que la mujer se incorporase al mercado de trabajo, dedicando menos tiempo a las tareas llamadas reproductivas (atender a la familia y realizar tareas domésticas) -y sí, en este país desgraciadamente la mujer es quien carga con el mayor perso de estas tareas-  y dedicando mayor tiempo a las tareas productivas (trabajo fuera de casa). Eso quería decir que había que buscar el cuidado de las personas dependientes en el mercado, a través de entidades sociales, empresas de atención domiciliaria y empresas y consorcios socio-sanitarios.

Con la entrada en vigor de la Ley se preveía crear miles de puestos de trabajo cualificados y muchos Ayuntamientos y entidades empezaron a organizar cursos de auxiliar de geriatria y trabajadora familiar.

La realidad con el tiempo ha sido otra bien distinta: finalmente no se han creado tantos puestos de trabajo como se preveía y el dinero para atender todas las solicitudes empieza a escasear. Una de las  medidas fue eliminar la retroactividad de la Ley de Dependencia.  Otra ha sido que no se han creado el volumen de negocio y los puestos de trabajo que se esperaban.

Una de las principales causas para que no se crearan los puestos de trabajo previstos es que la Ley permite, según el grado y nivel de dependencia reconocido, que la persona tenga reconocida una prestación económica cuando el dependiente es atendido por un familiar cuidador, y eso, sumado a los ingresos de pensiones de invalidez y jubilación se transforma en un auténtico salvavidas en las maltrechas economías familiares afectadas por la crisis.

El primero en ser claro ha sido el conseller de Benestar Social i Família, el honorable senyor Josep Lluís Cleries en su primera aparición pública y hace tan sólo unas horas aunque quizá se equivoca en la responsabilidad culpando al tripartito. Quizá la responsabilidad haya que buscarla en los inicios de la Ley, que nació con buena voluntad pero con las cuentas mal hechas.


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