Ley de Dependencia
El pasado Martes 30 de Abril, sin previo aviso en el anterior consejo de ministros y justo antes de un festivo nacional y un festivo más en la Comunidad de Madrid, el Gobierno de España publicó el documento que bajo el nombre de Programa Nacional de Reformas 2013 en el que se marca el objetivo de «Racionalización y modernización del sistema de atención a la dependencia»; un nuevo eufemismo para descubrir en la página 191 del documento que la medida prevista es disminuir de nuevo la cuantía destinada a la atención de las personas dependientes.
Racionalización del sistema de atención a la
dependencia y garantía de su sostenibilidad
• Incremento de la aportación del beneficiario al pago de los servicios
• Adecuación de las prestaciones a las necesidades reales de los dependientes y priorización de los servicios profesionales sobre las prestaciones económicas
Ahorros estimados en 2013 de 628 M€ (339 M€ + 289 M€)
Esta reforma es una herida de muerte para la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD). Si bien hace un tiempo fui crítico con la redacción de la ley en sí (básicamente porque había personas que cobraban más por la dependencia que por la jubilación, o porque no hubiera resultado una herramienta útil para la generación de puestos de trabajo) la celebré porque representaba el reconocimiento a una situación que se vivía en muchísimos hogares de este país: la atención a aquellos familiares que necesitaban de otros para las actividades de la vida diaria. Muchísimas personas debían renunciar a su trabajo fuera de casa para atender a un familiar que requería de unos cuidados básicos. Y no sólo me refiero a situaciones con ancianos, sino a muchísimos niños con enfermedades incapacitantes, síndromes que limitan la autonomía o enfermedades degenerativas en edades tempranas.
La ley reconocía unos derechos a aquellos que, por imperativo familiar -si me permiten la expresión- no podían escoger alternativa alguna a dedicarse a sus seres queridos. Quizá hubiera resultado una ley mucho más práctica si en determinados casos la contra-prestación no hubiera sido económica, sino en forma de servicios para el dependiente; es decir, que en vez de que la familia recibiera un dinero (bendito dinero, a más de una familia le ha servido para comer) el dependiente hubiera tenido acceso a un servicio, con la supuesta creación de puestos de empleo remunerados en el sector de la atención a las personas.
El año pasado, en vísperas del mes de Agosto el consejo de ministros aprobó el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en el que una de las medidas más importantes fue la reducción de un 15% de la prestación económica para los cuidadores no profesionales, la supresión de niveles de dependencia y la eliminación de la cotización sufragada por el estado para los cuidadores. Si bien actualmente es posible continuar afiliado como cuidador (existe un convenio especial para ello) la cuota ya no está subvencionada y debe ser asumida por el cuidador, lo que en algunos casos no llega a cubrir ni la propia dotación económica.
La página de la Seguridad Social para constituir dicho convenio especial lo deja muy claro: Las cotizaciones a la Seguridad Social por este convenio especial serán a cargo exclusivo del suscriptor.
La eliminación de la cotización de los cuidadores supuso en 2012 la eliminación de unas 145.000 personas que estaban dadas de alta en la Seguridad Social por dicho régimen. Según El País (siento no poder publicar otra fuente, ya que me ha sido imposible encontrar los datos en el Ministerio) se decía que «Los últimos datos publicados por Sanidad indican que había 171.713 cuidadoras familiares por las que se cotizaba. Esta cifra representa solo el 39% del total del colectivo, porque el resto, hasta 434.000, o cotizaban ya por otro empleo o eran pensionistas.»
Dentro de los objetivos del Programa Nacional de Reformas de 2013 se plantea potenciar la colaboración público-privada de servicios. Se plantea la duda de quién puede salir beneficiado con esta medida, aunque viendo las últimas privatizaciones en sanidad no va a resultar extraño que también se empiecen a privatizar residencias y centros de día. La pregunta es ¿Quién domina el mercado de la atención a la dependencia?
De momento parece ser que no existe una gran corporación que controle el sector, aunque las pequeñas residencias parece ser que están con el agua al cuello. Sobre todo esas que tienen plazas concertadas con la administración, que ven cómo las transferencias de dinero por el coste por plaza se retrasan o bien no llegan. Quizá esos propietarios se vean forzados a vender patrimonio o empresa.
Quizá esta sea la nueva burbuja de la Ley de Dependencia, aquella que sólo algunos puedan pagar. Aquellas que sólo algunos controlen su gestión. Si bien parece ser un negocio menos rentable que el de la privatización de la sanidad, sólo el tiempo nos dirá cómo se desarrollará la Ley de la Dependencia con este nuevo varapalo.
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